¿Quién está detrás de la mano negra?
La respuesta al titular “Quién está detrás de la
mano negra” puede contestarse de dos maneras. En sentido estricto, este
cronista puede resolver el artículo en cuatro caracteres –no sé– y, en un
sentido más amplio, sin abusar de la paciencia de los lectores, podría
describirse el entramado mafioso que permitió a miles de marginales, la mayoría
de ellos pobres y argentinos, a salir a la calle y meterse en supermercados con
la misma impunidad o inocencia con que venden droga o van a actos políticos,
gremiales o a las inmediaciones de un estadio de fútbol para, supuestamente,
cuidar autos. Esa constelación de ciudadanos sin trabajo estable, sin devoción
por la democracia ni los derechos sociales, en su inmensa mayoría, son nietos o
bisnietos de obreros que ganaron sus derechos en el primer peronismo. Son,
además, hijos de desocupados o de militantes sociales que perdieron sus empleos
por razones económicas o políticas durante los años del menemato. Son, en su
mayoría, mano de obra barata de un entramado de gente con plata ilegal que
circula por la droga, la política, los sindicatos, las empresas y las agencias
públicas y privadas de seguridad. En el mundo empresarial pituco se habla de
outsourcing (tercerización) para describir aquellas actividades que las empresas
dejaron en manos de contratistas. En algunos casos, por procesos tecnológicos o
de organización. En la inmensa mayoría, para bajar las cargas sociales y
aportar menos impuestos. La informalización laboral no es sólo fruto de que la
tecnología desplaza a trabajadores. Es, sobre todo, un proceso de desprotección
social de los asalariados y de enflaquecimiento de su poder de negociación
político y gremial. Los contratistas, en un sentido genérico, no sólo proveen
empresas de limpieza o de análisis de laboratorio, sino también grupos de
choque y de saqueo. Los contratistas no sólo proveen mano de obra para los
empresarios, sino para los mafiosos. La gran pregunta es quiénes son los
mafiosos en la Argentina y qué áreas de actividades les dejan enormes ganancias.
Dos pequeñas digresiones a falta de una respuesta concluyente. La primera es
que falló la inteligencia: hubo muchas advertencias de que se estaba tramando
una movida pesada en todo el país, tanto por mensajes de facebook como por
reuniones de grupos políticos o de organizaciones vecinales en los que se habló
de los pedidos de bolsas de comida a los supermercados hasta el deseo de dañar
al Gobierno en una fecha dolorosa como es el recuerdo de las manifestaciones y
los asesinados en las jornadas del 19 y el 20 de diciembre de 2001. El segundo
asunto es que muchos repiten que estos saqueos no tienen nada en común con los
de aquellos días: parece un error infantil confundir la salida del pueblo a la
calle y las valientes peleas callejeras con efectivos policiales con los
saqueos organizados en aquellos días que tuvieron al pejotismo bonaerense con
Carlos Ruckauf y Eduardo Duhalde como cabezas visibles tras los cuales estaban
muchísimos caudillos que hoy no tienen empacho en defender el modelo y
poner fichas en distintas mesas de juego.
Argentina floja de papeles. Una aproximación a
esa pregunta compleja puede buscarse en lo sucedido estos días con los saqueos
que dejaron un millar de detenidos en todo el país y que con un mínimo de
análisis de sus prontuarios y datos de filiación laboral podrían descubrirse
algunas cosas muy incómodas para muchos. No sólo opositores al Gobierno, sino
de muchos que dicen ser fervorosos defensores del modelo. Este cronista pudo
hablar en reserva con varios funcionarios y militantes de municipios del
conurbano bonaerense. De sus propias conversaciones con los jefes de
departamentales de la Bonaerense así como con punteros con los que tienen trato
de modo eventual o porque forman parte del armado político de sus distritos.
Los interrogatorios con los detenidos permiten confirmar que en casi todos los
casos, salieron a la calle o subieron a camiones por una paga, más lo que
pudieran llevarse de los comercios. Fueron reclutados por sus propios punteros
o líderes. Los mismos que, en otros momentos, les ofrecen negocios de droga, de
robos o, alguna vez, hacer número en un acto político. En un escalón más del
entramado, todos mencionan a la “pesada” del mundo delictivo. Los consultados
por este cronista evitan precisar si esa “pesada” forma parte o no de negocios
de jefes policiales -en actividad o retirados- o de referentes políticos.
Respecto de qué agrupaciones pudieron ser las que promovieron los saqueos, la
mayoría respondieron que ni la Corriente Clasista y Combativa ni el Partido Obrero
ni Barrios de Pie (por nombrar organizaciones de izquierda no K) estuvieron
mezcladas. No aseguran que Quebracho haya tenido un papel destacado ni tampoco
saben si algunos miembros de esa organización tiene o no vínculos con ex
agentes de inteligencia. Respecto de la acusación del Gobierno sobre la
participación de Hugo Moyano o Luis Barrionuevo, suelen coincidir en que Moyano
tiene negocios fuertes (principalmente, la recolección de residuos) pero que no
estaría él involucrado en los saqueos. Moyano tiene conversaciones con el
gobernador Daniel Scioli y con muchos intendentes, no puede hacer pie con un
partido político alternativo de cara a las elecciones pero su apuesta es dentro
del sistema.
En los noventa, quienes pelearon contra el neoliberalismo, se unían para pocas
cosas. Una de ellas era no criminalizar la pobreza, que incluía a la militancia
social que salía, desesperada, a las calles, para luchar contra la entrega del
país. No caben dudas de que la Argentina cambió, no sólo en cuanto a la recuperación
económica, la creación de puestos de trabajo, de dignidad y derechos. También
hay un entramado de programas sociales de envergadura. Un estudio de Eduardo
Basualdo indica que, en coeficiente por habitantes, Argentina es el país que
más invierte en programas universales de contención e inclusión social. Pero,
dos cosas. Primero, son programas a largo plazo y el grado de informalidad
social es altísimo. Segundo, el nivel de informalidad y lumpenización en la
política es también muy alto. Un joven dirigente político conocido de este
cronista suele decir para explicar la necesidad de valerse de dinero en negro
en tiempos electorales: “Para hacer campaña, necesitás tener bolsillo de
payaso”.
Inteligencia. Una larga charla con uno de los
hombres que trabaja en el área de inteligencia del Estado permitirá a los
lectores tener más elementos de juicio. Lo primero es que, a partir de la una
de la mañana del sábado el escenario es de tranquilidad en todo el país.
Segundo, que surge que hubo un alto grado de organización, que incluía, por
ejemplo, llamados al 911 para denunciar desmanes que no sucedían y de ese modo
entorpecer la tarea de las fuerzas de seguridad. Respecto de los resultados, en
cada lugar sucedieron cosas distintas. Bariloche lo ven como un caso aparte
(ver nota Gabriel Bencivengo), mientras que Rosario fue el más luctuoso y
complicado, por las recientes denuncias de vínculos de jefes policiales con el
narcotráfico. En la provincia de Buenos Aires, en aquellos distritos donde hay
conducción y unidad política los saqueos fueron mínimos. La Matanza, con un
millón de habitantes, tuvo apenas unos pocos incidentes. Distritos con alto
grado de pobreza, como José C. Paz, también. En cuanto a las ramificaciones
políticas, todavía no hay datos concluyentes pero ven muchos vínculos que si
bien están atravesados por redes mafiosas tienen terminales con el desvencijado
Peronismo Federal. El escenario que ve la Inteligencia de Estado es que no hubo
contagio social de los momentos de zozobra. Los datos de la partida hacia
lugares turísticos de viernes y primeras horas del sábado triplica las cifras
del año pasado. Nadie dejó de salir de descanso por estos episodios. Consultado
sobre si piensan analizar las causas judiciales iniciadas y cruzarlos con
informes propios, dijo que ya están trabajando en esa dirección y consideró que
el Gobierno saldrá más fortalecido si se pone a disposición de la sociedad toda
la información de la que pueda contar.
Pibes. El defensor penal juvenil de la
provincia de Buenos Aires, Julián Axat, escribió algo muy útil por estas horas
sobre el reclutamiento de menores para el delito. Recuerda que “en 2008, un
juez se atrevió a denunciar que los menores eran instrumento de organizaciones
criminales, incluyendo a la policía bonaerense que los usaba como mano de obra
barata, y después se descartaba de ellos. Poco después, el Ministro de
Seguridad de entonces (Carlos Stornelli) que había criticado a aquel juez,
recogió el guante, y antes de presentar la renuncia a su cargo denunció ante la
Justicia que aquella hipótesis era cierta, y que menores habían sido reclutados
para una seguidilla de crímenes de mujeres, a la vez que esos mismo hechos eran
parte de un pase de factura (a su gestión) por haber cercenado ciertos negocios
espurios en el área de la Dirección de Automotores. La denuncia (IPP 41416-09)
que hoy está en un cajón, decía: ‘se hizo un reclutamiento de menores y mayores
de edad en asentamientos de emergencia… les encomendarían tareas delictivas,
bajo patrones criminales comunes…’, y terminaba definiendo que estos hechos
ocurrieron ‘con intención de desestabilizar al Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires’.
Axat agrega que “la Argentina no posee el problema de las Maras
centroamericanas, la idea de ‘pandilla’ autóctona es la de los ‘pibes en
banda’, una suerte de composición aleatoria más funcional al reclutamiento, por
menos pertenencia y autodefinición; es decir, trayectorias con identidad más
débiles, por lo tanto, más propensas al aprovechamiento policial, al
narcotráfico, a los barras bravas o de esbirros políticos o parasindicales.
Negar las tramas de reclutamiento, es negar la forma en la que se va perfilando
en el contexto sociológico, un tipo de criminalidad que excede la idea de
amateurismo delincuencial”.
Rural, rural, qué grande sos. Resultó extraño
que la primera reacción oficial sobre los saqueos tuviera una segunda parte
sorprendente. Era un día de mucho calor, de caos de tránsito en el centro
porteño. Las radios y los canales mostraban cómo los supermercadistas se
sentían saqueados por los pobres y/o los revoltosos. Más de uno se preguntaba
si los pobres y/o los revoltosos no se sienten saqueados por el sistema. Nada
hacía predecir que la Sociedad Rural Argentina se iba a sentir saqueada por el
Gobierno. En efecto, ese día se conoció el decreto 2.552, que instruye a la
Agencia de Administración de Bienes del Estado para realizar “los actos
conducentes a la toma de la posesión del inmueble denominado Predio Ferial de
Palermo”. Tomar posesión puede ser leído como expropiación. De hecho luego
aclara que la Sindicatura General de la Nación “determinará las compensaciones
que pudieren resultar” de revocar el decreto que originalmente había permitido
el negociado denunciado y consumado durante el gobierno del actual senador por
La Rioja Carlos Menem. La Rural no tardó en denunciar “un claro ataque a la
propiedad privada, un avasallamiento a los derechos plasmados en nuestra
Constitución Nacional”. Agrega algo curioso: “Es también una fuerte agresión al
campo en su conjunto”. Los directivos de esa entidad creada durante el gobierno
del fundador deLa Nación hablan de la Constitución y el campo con toda
tranquilidad. Sin remordimientos ni culpas.
Entre los que se enteró por los noticieros, porque nadie lo consultó siquiera
para buscar fundamentos estuvo el abogado laboralista Pedro Kesselman, quien
comenzó a denunciar este feroz negociado a partir de los ruidos molestos. Cabe
recordar que Kesselman, al frente de muchos vecinos, fue clave en sus marchas a
la Legislatura porteña para denunciar los intentos de rezonificación que
necesitaban la Sociedad Rural y Francisco de Narváez –como operador– para poder
llevar a cabo los emprendimientos comerciales previstos para que el predio de
Palermo no sólo tuviera bosta de vaca, sino también diversiones varias y muy
caras. Ni siquiera con Mauricio Macri como jefe de Gobierno, la Legislatura
autorizó los cambios. Kesselman está totalmente de acuerdo con el decreto y, en
estos días, se está juntando con vecinos y militantes para proponer actividades
que puedan hacerse en ese predio. Sin perjuicio, por supuesto, de que tal como
advierte el comunicado de la Rural “deberá ser dirimida en los tribunales de la
Nación”. Y sin perjuicio, desde ya, de que debe ampliarse el debate sobre el
campo a las ventajas impositivas de los fideicomisos, de que las grandes
transnacionales que comercializan granos podrían ser contrapesadas por una
agencia estatal que se ocupe del asunto inspirada en la experiencia del
Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (Iapi), que durante el primer
peronismo le dejó altos rendimientos al Estado Nacional y que sirvieron para la
redistribución de ingresos. En fin, el campo al que se refiere la
Rural es el que produce ocho de cada diez trabajadores rurales sin registro, en
negro, sin ser sujetos plenos de derecho.
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