domingo, 23 de diciembre de 2012

Mano Negra


¿Quién está detrás de la mano negra?


La respuesta al titular “Quién está detrás de la mano negra” puede contestarse de dos maneras. En sentido estricto, este cronista puede resolver el artículo en cuatro caracteres –no sé– y, en un sentido más amplio, sin abusar de la paciencia de los lectores, podría describirse el entramado mafioso que permitió a miles de marginales, la mayoría de ellos pobres y argentinos, a salir a la calle y meterse en supermercados con la misma impunidad o inocencia con que venden droga o van a actos políticos, gremiales o a las inmediaciones de un estadio de fútbol para, supuestamente, cuidar autos. Esa constelación de ciudadanos sin trabajo estable, sin devoción por la democracia ni los derechos sociales, en su inmensa mayoría, son nietos o bisnietos de obreros que ganaron sus derechos en el primer peronismo. Son, además, hijos de desocupados o de militantes sociales que perdieron sus empleos por razones económicas o políticas durante los años del menemato. Son, en su mayoría, mano de obra barata de un entramado de gente con plata ilegal que circula por la droga, la política, los sindicatos, las empresas y las agencias públicas y privadas de seguridad. En el mundo empresarial pituco se habla de outsourcing (tercerización) para describir aquellas actividades que las empresas dejaron en manos de contratistas. En algunos casos, por procesos tecnológicos o de organización. En la inmensa mayoría, para bajar las cargas sociales y aportar menos impuestos. La informalización laboral no es sólo fruto de que la tecnología desplaza a trabajadores. Es, sobre todo, un proceso de desprotección social de los asalariados y de enflaquecimiento de su poder de negociación político y gremial. Los contratistas, en un sentido genérico, no sólo proveen empresas de limpieza o de análisis de laboratorio, sino también grupos de choque y de saqueo. Los contratistas no sólo proveen mano de obra para los empresarios, sino para los mafiosos. La gran pregunta es quiénes son los mafiosos en la Argentina y qué áreas de actividades les dejan enormes ganancias. Dos pequeñas digresiones a falta de una respuesta concluyente. La primera es que falló la inteligencia: hubo muchas advertencias de que se estaba tramando una movida pesada en todo el país, tanto por mensajes de facebook como por reuniones de grupos políticos o de organizaciones vecinales en los que se habló de los pedidos de bolsas de comida a los supermercados hasta el deseo de dañar al Gobierno en una fecha dolorosa como es el recuerdo de las manifestaciones y los asesinados en las jornadas del 19 y el 20 de diciembre de 2001. El segundo asunto es que muchos repiten que estos saqueos no tienen nada en común con los de aquellos días: parece un error infantil confundir la salida del pueblo a la calle y las valientes peleas callejeras con efectivos policiales con los saqueos organizados en aquellos días que tuvieron al pejotismo bonaerense con Carlos Ruckauf y Eduardo Duhalde como cabezas visibles tras los cuales estaban muchísimos caudillos que hoy no tienen empacho en defender el modelo y poner fichas en distintas mesas de juego.
Argentina floja de papeles. Una aproximación a esa pregunta compleja puede buscarse en lo sucedido estos días con los saqueos que dejaron un millar de detenidos en todo el país y que con un mínimo de análisis de sus prontuarios y datos de filiación laboral podrían descubrirse algunas cosas muy incómodas para muchos. No sólo opositores al Gobierno, sino de muchos que dicen ser fervorosos defensores del modelo. Este cronista pudo hablar en reserva con varios funcionarios y militantes de municipios del conurbano bonaerense. De sus propias conversaciones con los jefes de departamentales de la Bonaerense así como con punteros con los que tienen trato de modo eventual o porque forman parte del armado político de sus distritos. Los interrogatorios con los detenidos permiten confirmar que en casi todos los casos, salieron a la calle o subieron a camiones por una paga, más lo que pudieran llevarse de los comercios. Fueron reclutados por sus propios punteros o líderes. Los mismos que, en otros momentos, les ofrecen negocios de droga, de robos o, alguna vez, hacer número en un acto político. En un escalón más del entramado, todos mencionan a la “pesada” del mundo delictivo. Los consultados por este cronista evitan precisar si esa “pesada” forma parte o no de negocios de jefes policiales -en actividad o retirados- o de referentes políticos. Respecto de qué agrupaciones pudieron ser las que promovieron los saqueos, la mayoría respondieron que ni la Corriente Clasista y Combativa ni el Partido Obrero ni Barrios de Pie (por nombrar organizaciones de izquierda no K) estuvieron mezcladas. No aseguran que Quebracho haya tenido un papel destacado ni tampoco saben si algunos miembros de esa organización tiene o no vínculos con ex agentes de inteligencia. Respecto de la acusación del Gobierno sobre la participación de Hugo Moyano o Luis Barrionuevo, suelen coincidir en que Moyano tiene negocios fuertes (principalmente, la recolección de residuos) pero que no estaría él involucrado en los saqueos. Moyano tiene conversaciones con el gobernador Daniel Scioli y con muchos intendentes, no puede hacer pie con un partido político alternativo de cara a las elecciones pero su apuesta es dentro del sistema.
En los noventa, quienes pelearon contra el neoliberalismo, se unían para pocas cosas. Una de ellas era no criminalizar la pobreza, que incluía a la militancia social que salía, desesperada, a las calles, para luchar contra la entrega del país. No caben dudas de que la Argentina cambió, no sólo en cuanto a la recuperación económica, la creación de puestos de trabajo, de dignidad y derechos. También hay un entramado de programas sociales de envergadura. Un estudio de Eduardo Basualdo indica que, en coeficiente por habitantes, Argentina es el país que más invierte en programas universales de contención e inclusión social. Pero, dos cosas. Primero, son programas a largo plazo y el grado de informalidad social es altísimo. Segundo, el nivel de informalidad y lumpenización en la política es también muy alto. Un joven dirigente político conocido de este cronista suele decir para explicar la necesidad de valerse de dinero en negro en tiempos electorales: “Para hacer campaña, necesitás tener bolsillo de payaso”.

Inteligencia. Una larga charla con uno de los hombres que trabaja en el área de inteligencia del Estado permitirá a los lectores tener más elementos de juicio. Lo primero es que, a partir de la una de la mañana del sábado el escenario es de tranquilidad en todo el país. Segundo, que surge que hubo un alto grado de organización, que incluía, por ejemplo, llamados al 911 para denunciar desmanes que no sucedían y de ese modo entorpecer la tarea de las fuerzas de seguridad. Respecto de los resultados, en cada lugar sucedieron cosas distintas. Bariloche lo ven como un caso aparte (ver nota Gabriel Bencivengo), mientras que Rosario fue el más luctuoso y complicado, por las recientes denuncias de vínculos de jefes policiales con el narcotráfico. En la provincia de Buenos Aires, en aquellos distritos donde hay conducción y unidad política los saqueos fueron mínimos. La Matanza, con un millón de habitantes, tuvo apenas unos pocos incidentes. Distritos con alto grado de pobreza, como José C. Paz, también. En cuanto a las ramificaciones políticas, todavía no hay datos concluyentes pero ven muchos vínculos que si bien están atravesados por redes mafiosas tienen terminales con el desvencijado Peronismo Federal. El escenario que ve la Inteligencia de Estado es que no hubo contagio social de los momentos de zozobra. Los datos de la partida hacia lugares turísticos de viernes y primeras horas del sábado triplica las cifras del año pasado. Nadie dejó de salir de descanso por estos episodios. Consultado sobre si piensan analizar las causas judiciales iniciadas y cruzarlos con informes propios, dijo que ya están trabajando en esa dirección y consideró que el Gobierno saldrá más fortalecido si se pone a disposición de la sociedad toda la información de la que pueda contar.
Pibes. El defensor penal juvenil de la provincia de Buenos Aires, Julián Axat, escribió algo muy útil por estas horas sobre el reclutamiento de menores para el delito. Recuerda que “en 2008, un juez se atrevió a denunciar que los menores eran instrumento de organizaciones criminales, incluyendo a la policía bonaerense que los usaba como mano de obra barata, y después se descartaba de ellos. Poco después, el Ministro de Seguridad de entonces (Carlos Stornelli) que había criticado a aquel juez, recogió el guante, y antes de presentar la renuncia a su cargo denunció ante la Justicia que aquella hipótesis era cierta, y que menores habían sido reclutados para una seguidilla de crímenes de mujeres, a la vez que esos mismo hechos eran parte de un pase de factura (a su gestión) por haber cercenado ciertos negocios espurios en el área de la Dirección de Automotores. La denuncia (IPP 41416-09) que hoy está en un cajón, decía: ‘se hizo un reclutamiento de menores y mayores de edad en asentamientos de emergencia… les encomendarían tareas delictivas, bajo patrones criminales comunes…’, y terminaba definiendo que estos hechos ocurrieron ‘con intención de desestabilizar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires’.
Axat agrega que “la Argentina no posee el problema de las Maras centroamericanas, la idea de ‘pandilla’ autóctona es la de los ‘pibes en banda’, una suerte de composición aleatoria más funcional al reclutamiento, por menos pertenencia y autodefinición; es decir, trayectorias con identidad más débiles, por lo tanto, más propensas al aprovechamiento policial, al narcotráfico, a los barras bravas o de esbirros políticos o parasindicales. Negar las tramas de reclutamiento, es negar la forma en la que se va perfilando en el contexto sociológico, un tipo de criminalidad que excede la idea de amateurismo delincuencial”.

Rural, rural, qué grande sos. Resultó extraño que la primera reacción oficial sobre los saqueos tuviera una segunda parte sorprendente. Era un día de mucho calor, de caos de tránsito en el centro porteño. Las radios y los canales mostraban cómo los supermercadistas se sentían saqueados por los pobres y/o los revoltosos. Más de uno se preguntaba si los pobres y/o los revoltosos no se sienten saqueados por el sistema. Nada hacía predecir que la Sociedad Rural Argentina se iba a sentir saqueada por el Gobierno. En efecto, ese día se conoció el decreto 2.552, que instruye a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para realizar “los actos conducentes a la toma de la posesión del inmueble denominado Predio Ferial de Palermo”. Tomar posesión puede ser leído como expropiación. De hecho luego aclara que la Sindicatura General de la Nación “determinará las compensaciones que pudieren resultar” de revocar el decreto que originalmente había permitido el negociado denunciado y consumado durante el gobierno del actual senador por La Rioja Carlos Menem. La Rural no tardó en denunciar “un claro ataque a la propiedad privada, un avasallamiento a los derechos plasmados en nuestra Constitución Nacional”. Agrega algo curioso: “Es también una fuerte agresión al campo en su conjunto”. Los directivos de esa entidad creada durante el gobierno del fundador deLa Nación hablan de la Constitución y el campo con toda tranquilidad. Sin remordimientos ni culpas.
Entre los que se enteró por los noticieros, porque nadie lo consultó siquiera para buscar fundamentos estuvo el abogado laboralista Pedro Kesselman, quien comenzó a denunciar este feroz negociado a partir de los ruidos molestos. Cabe recordar que Kesselman, al frente de muchos vecinos, fue clave en sus marchas a la Legislatura porteña para denunciar los intentos de rezonificación que necesitaban la Sociedad Rural y Francisco de Narváez –como operador– para poder llevar a cabo los emprendimientos comerciales previstos para que el predio de Palermo no sólo tuviera bosta de vaca, sino también diversiones varias y muy caras. Ni siquiera con Mauricio Macri como jefe de Gobierno, la Legislatura autorizó los cambios. Kesselman está totalmente de acuerdo con el decreto y, en estos días, se está juntando con vecinos y militantes para proponer actividades que puedan hacerse en ese predio. Sin perjuicio, por supuesto, de que tal como advierte el comunicado de la Rural “deberá ser dirimida en los tribunales de la Nación”. Y sin perjuicio, desde ya, de que debe ampliarse el debate sobre el campo a las ventajas impositivas de los fideicomisos, de que las grandes transnacionales que comercializan granos podrían ser contrapesadas por una agencia estatal que se ocupe del asunto inspirada en la experiencia del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (Iapi), que durante el primer peronismo le dejó altos rendimientos al Estado Nacional y que sirvieron para la redistribución de ingresos. En fin, el campo al que se refiere la Rural es el que produce ocho de cada diez trabajadores rurales sin registro, en negro, sin ser sujetos plenos de derecho.