El escrache nació como respuesta a la falta de justicia de parte del poder político que gobernó nuestro país desde el retorno de la democracia hasta el año 2003. A mediados de los ochenta se promulgaron las leyes del perdón: Punto Final y Obediencia Debida. Y durante los años noventa se condensó la impunidad con los Indultos.
"Juicio y Castigo" fue la consigna que por años levantaron las organizaciones de derechos humanos de nuestro país. Muchas vueltas a la plaza de Mayo y un crecimiento notable a nivel político no solo en nuestro territorio sino también en el exterior. En la segunda mitad de la década del noventa, pleno auge neoliberal menemista, y de la mano de la sangre nueva que se instaló en la escena política a partir de la agrupación H.I.J.O.S., nació una novedosa e influyente herramienta de intervención política y social: "Si no hay justicia hay escrache".
La modalidad era siempre la misma. Se caía en el barrio dos meses antes de escrachar al represor. Se articulaba con otras organizaciones políticas, sociales y culturales del barrio en un ámbito que con el tiempo tomó vida propia: la mesa de escrache. Se tejía una red solidaria entre compañeros que venían de diferentes experiencias y posturas ideológicas partidarias con el objetivo común de condenar socialmente al genocida. Se le sacaban fotos saliendo de su casa. Se armaba un volante con su rostro, su prontuario, dónde trabajaba, dónde vivía y hasta el teléfono de su casa para dejarle un mensajito. Trabajo en conjunto, propaganda y difusión, recitales, charlas, y mucho agite.
Cuando llegaba el día del escrache, el genocida, claro está, no estaba en casa. Tampoco en el barrio. Y la Policía Federal vallaba todo el frente del domicilio. Se llenaba de cámaras de televisión. El punto de reunión era a algunas cuadras de la casa. El camión con el sonido adelante, las organizaciones de derechos humanos al frente, y detrás las organizaciones políticas, sociales, culturales, universitarias y de secundarios, cooperativas y murgas. Grupos callejeros como el GAC colgaban de los postes de luz unos carteles amarillos de gran porte que le avisaban al vecino que faltaban 400, 300, 200 metros para llegar a la casa del genocida. Mientras avanzaba la columna, se volanteaba en las dos veredas. Los vecinos en los balcones, en las puertas de sus casas, no podían creer que esa persona que los saludaba con una sonrisa todos los días era un torturador, un secuestrador, un apropiador de niños.
Frente a la casa del represor los H.I.J.O.S. leían, casi a los gritos, y desde la boca del estómago, un lúcido y durísimo documento. La búsqueda de justicia. La no reconciliación con los genocidas ni con los cómplices. La reivindicación de la lucha de nuestros padres. El pedido por los hermanos apropiados. La condena social.
Para cerrar, bombas de tempera roja reventadas contra la puerta, las ventanas y el techo de la casa o departamento: "genocida escrachado". El barrio entero se enteraba quién era el tipo que vivía entre ellos y al otro día se tenía que disfrazar para ir a comprar papas, o directamente mudarse de barrio. Alerta, vecino: al lado de su casa está viviendo un asesino. De esta manera quedaba edificada la condena social. El panadero no le vendía más pan y el remisero se negaba a hacerle un viaje. Ante la falta de justicia, la condena social aislaba al represor y su casa se convertía en su propia cárcel.
De eso se trató el escrache como practica política: desenmascarar al torturador. Sacarlo a la luz. Hacer público quien era ese vecino y denunciar su pasado.
Hoy los medios titulan que los productores agropecuarios escrachan a los funcionarios políticos que votaron a favor de las retenciones móviles a la soja. La Sociedad Rural, a través de las declaraciones de su presidente Hugo Biolcati, argumenta que las reacciones son entendibles porque el sector está en la ruina por las políticas públicas del gobierno.
Las cámaras patronales no escrachan: atacan. Son violentos y desestabilizadores. Los organismos de derechos humanos no provocaron ningún acto de violencia a lo largo de los más de treinta años de lucha. Y la coherencia, el ejemplo, terminó dando su fruto. Nestor Kirchner, ni bien asume la presidencia en mayo del 2003, toma la responsabilidad de juzgar y condenar a los responsables del terrorismo de Estado. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo ocupan el lugar que se merecen. 24 de marzo: día nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Hoy, los genocidas están siendo juzgados y condenados a pasar el resto de sus días en cárceles comunes.
El sector rural escracha a Rossi, el jefe de la bancada del Frente para la Victoria en Diputados, porque votó a favor de una ley que buscaba beneficiar a las mayorías. Ellos, claro, sienten amenazados sus intereses de clase, la soja transgénica, la ganancia extraordinaria que, justamente, acumularon bajo el modelo económico instaurado por el kirchnerismo. No hubo peones rurales en los cortes de ruta ni mucho menos en los ataques que vienen sufriendo los cuadros del oficialismo. Ellos representan los intereses de una minoría que ha demostrado una intolerancia repudiable. No hay ley ni instituciones, no hay consenso ni Congreso Nacional. Son un grupúsculo surgido de los sectores más retrógrados de algunos pueblos del interior de nuestro país: dirigentes patronales, empresarios, punteros políticos y hasta representantes de la iglesia conservadora local. La Sociedad Rural de cada uno de estos pueblos es quien impulsa y sostiene los embates contra todo sesgo oficialista.
Resulta tragicómico que esa misma Sociedad Rural que de la mano de uno de sus exponentes más nefastos, José Martinez de Hoz, se enriqueció desvergonzadamente durante la dictadura militar, hoy sea quien realiza los actos de agravio al funcionario de turno.
A no confundir los tantos. Estos actos de violencia no son escraches. No tienen organización popular ni objetivos nobles sustentados por muchos años de lucha ejemplar. Amparados por la maquinaria mediática dicen que lo suyo es una respuesta obvia a la situación del sector que dicen representar. Pero no. Son aves de rapiña dispuestos a todo. Ninguno de los funcionarios que esta gente sale a atacar cometió delitos de lesa humanidad ni se ocultan en el anonimato. Tampoco están prófugos de la justicia. Los ataques no están dirigidos contra cómplices, ideólogos y beneficiarios de un golpe de Estado sino contra cuadros políticos del gobierno puestos a trabajar en sus respectivos lugares por medio del voto popular.
Los actos de violencia e intolerancia que vienen de los sectores más reaccionarios de nuestra patria no son escraches. No se parecen ni en forma ni en contenido.
El escrache, como práctica política, pertenece al pueblo y no a sus usureros.
Publicado por GEN
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