Por Alejandro López Accotto, Carlos Martínez y
Martín Mangas * en : http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/subnotas/203157-60424-2012-09-12.html
El contrapunto entre el gobierno
nacional y los de Santa Fe, Córdoba y Corrientes por la “devolución” a las
provincias del 15 por ciento de la coparticipación precisa ser encuadrado en
una reflexión más amplia sobre algunos aspectos relevantes del federalismo
fiscal y la situación previsional en nuestro país.
El discurso habitual remarca que
las provincias le cedieron el 15 por ciento a la Nación como consecuencia del
desfinanciamiento producido por la privatización parcial del sistema
previsional. Eso así dicho es inexacto por dos razones: la primera es que la
citada cesión se formalizó en un pacto entre la Nación y las provincias firmado
en agosto de 1992, casi un año antes de la reforma previsional de septiembre de
1993. La segunda es que tampoco las provincias cedieron el 15 por ciento de la
masa coparticipable, sino el 15 por ciento de “su” porción, que es del 54,66
por ciento, es decir, en definitiva, poco más del 8 por ciento.
La discusión de tal “cesión” sin
un debate acerca de otros renunciamientos similares (porciones del Impuesto a
las Ganancias, del IVA, entre otros) y que en algunos casos se remontan a la
década de 1980, como en el caso de los impuestos a los combustibles, también
evidencia la falta de integralidad del debate. A su vez, es necesario tener en
cuenta la evidencia en todo el mundo, y especialmente en los países que tienen
sistemas previsionales serios, que cada vez más los sistemas se financian con
rentas generales debido a que los aportes de trabajadores y patronales no
alcanzan para sostenerlos.
En otro plano, es evidente que la
Nación no se ha “sentado” sobre dichos recursos. Ha financiado, por ejemplo,
dentro del ámbito previsional, el fuerte incremento de la cobertura del sistema
de jubilaciones, por medio de la llamada moratoria previsional, medida que ha
tenido un impacto muy significativo en las regiones más postergadas del país.
Según datos censales, en 2001 cuatro de cada diez mayores de 65 años del NOA y
el NEA no tenían beneficio previsional, proporción que en 2010 había bajado a
uno de cada diez.
Entre 1999 y 2011 el número de
pensiones no contributivas por invalidez se multiplicó por diez. Desde 2009,
tres millones y medio de niños, niñas y adolescentes han dejado de estar
excluidos del sistema de asignaciones familiares, igual que desde 2011, decenas
de miles de mujeres embarazadas. Si además incorporamos una noción más amplia
de la seguridad social, podemos incluir allí a los programas de reducción de la
brecha digital (Conectar Igualdad) y a la inversión productiva con fondos
previsionales para impulsar el desarrollo económico y social.
Una “renuncia” nacional a tales
recursos, si bien implicaría un mayor financiamiento para los gastos
provinciales, también llevaría a castigar el mencionado proceso de ampliación
de derechos sociales generado en los últimos años. El discurso acerca del
“esfuerzo” que hacen las provincias para “sostener” los programas nacionales
(cuyos destinatarios residen, como no podría ser de otra forma, en esas mismas
provincias) tampoco se verifica cuando entre 2001 y 2011 la presión fiscal
creció un 50 por ciento más en el ámbito nacional que en el provincial. Esa
diferencia es incluso sin considerar el efecto de la recuperación de los
aportes personales por parte del gobierno nacional a partir de la
reestatización del sistema previsional.
En el plano puntual de la actual
discusión entre la provincia de Córdoba y la Nación, por el convenio de
Armonización Previsional, deben considerarse aspectos legales y distributivos.
El convenio firmado en diciembre de 2009 establece que la exigibilidad del
financiamiento del déficit previsional comprometido por el Estado nacional se
encuentra supeditada al cumplimiento de los compromisos asumidos por la
provincia, que ratifican lo previsto en un convenio anterior, de septiembre de
2008. Específicamente, Córdoba se comprometió a armonizar su funcionamiento con
los parámetros nacionales en términos de edad jubilatoria, servicios con
aportes, compensaciones entre ambos requisitos, pensiones por invalidez y
fallecimiento, determinación del haber inicial y movilidad.
Al respecto, el incumplimiento es
flagrante por parte del Estado cordobés. En el sistema nacional, por ejemplo,
para al cálculo del haber inicial se considera el promedio de las
remuneraciones de los últimos diez años y en el régimen general cordobés sólo
el de los últimos cuatro. Discutida ya la legalidad del reclamo, resta entonces
preguntarse acerca de la pertinencia del mismo en términos de justicia
distributiva. El régimen general cordobés garantiza una jubilación del 82 por
ciento del salario previo, mientras que el sistema nacional (SIPA) ofrece una
tasa de sustitución del salario del orden del 60 por ciento a los futuros
jubilados contributivos. En los hechos, la jubilación media del régimen nacional
(1916 pesos) representaba en diciembre de 2011 un 36 por ciento de la
Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (5280 pesos). En
el mismo mes, el básico promedio de la jubilación del régimen general cordobés
(6650 pesos) equivalía a un 123 por ciento de la remuneración imponible del
escalafón general de la provincia de Córdoba (5406 pesos). No sorprende
entonces que en una provincia donde los jubilados ganan incluso más que los
trabajadores en actividad, y que entre 2003-2005 jubiló a más personas que en
toda la década de 1990, el déficit previsional comience a ser una cuestión
central.
Para resolver esa situación, se
propone un desfinanciamiento de la seguridad social nacional, cuyo universo de
beneficiarios (que incluye cada vez más a los sectores con mayor vulnerabilidad
social) se encuentra repartido a lo largo y ancho del país. Esto podría
resultar nocivo, incluso para los mismos gobiernos provinciales, dado que
afectaría negativamente las condiciones de vida de una parte de la propia
población que representan. De esta forma, un supuesto conflicto presentado como
el avasallamiento o incumplimiento del Estado nacional frente a una de las
provincias más ricas del país es simplemente resultado de una necesidad de
financiamiento para un sistema jubilatorio provincial irresponsable y
demagógico que sólo se explica a partir de propósitos electorales sin
sustentabilidad en el medio plazo.
* Investigadores-docentes de la
Universidad Nacional de General Sarmiento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario