Se cumplen 10 años de la anulación de las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final
El 21 de agosto de 2003 el Senado
convertía en la ley la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto
Final, conocidas como la leyes de la impunidad o del perdón, que impedían que
los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados. A 10 años de ese
hecho, y luego de que la Corte declarara -el 14 de junio de 2005- la
inconstitucionalidad de estas normas, se desarrollan en el país 11 juicios
orales y públicos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura
cívico-militar y está previsto que comiencen otros tres procesos antes de fin
de año. La decisión de anular las llamadas "leyes del perdón" o
"leyes de la impunidad" fue una de las primeras políticas sobre la
necesidad de Memoria, Verdad y Justicia impulsada por el entonces presidente
Néstor Kirchner.
La Ley de Punto Final (23.492)
fue promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el entonces presidente Raúl
Alfonsín, y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los
imputados de ser autores penalmente responsables de haber cometido el delito de
desaparición forzada de personas durante la dictadura.
La Ley de Obediencia Debida
(23.521) también fue dictada por Alfonsín el 4 de junio de 1987, y estableció
una presunción iuris et de iure (es decir, que no admitía prueba en contrario)
respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas
no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada "obediencia
debida" -concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer
las órdenes emanadas de sus superiores.
En 2003, la entonces diputada de
Izquierda Unida, Patricia Walsh, presentó en la Cámara baja un proyecto para
anular estas leyes, iniciativa que fue apoyada por el presidente Kirchner. El
12 de agosto de 2003, la Cámara de Diputados, luego de un largo debate,
aprobaba la ley por la que se declaran "insanablemente nulas" estas
leyes. El proyecto con media sanción de Diputados pasó al Senado, que lo
convirtió en ley el 21 de agosto de 2003.
La ley que anuló las "leyes
del perdón y de la impunidad" fue promulgada por Kirchner el 2 de
septiembre de 2003. Dos años después, el 14 de junio de 2005, en una decisión
histórica, la Corte Suprema declaró inconstitucionales estas leyes, lo que
permitió que cientos de represores, civiles y militares, cuyos enjuiciamientos
se interrumpieron en 1986, sean juzgados.
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