AMIA. Otra vez: tragedia,
confusión, mentira e interrogantes.
La muerte de una persona siempre
causa dolor y pérdida entre sus seres queridos, y consternación en el resto. El
suicidio provoca, además, en todos los casos, primero: estupor, y después:
interrogantes. ¿Qué fue lo que llevó a una persona a tomar la terrible decisión
de quitarse la vida?.
En el caso del ¿suicidio? del
Fiscal a cargo de la causa AMIA, Alberto Nisman, no sólo hay estupor e
interrogantes, sino que además una historia demasiado larga, demasiado pesada,
demasiado dura, y por sobre todas las cosas, muy sórdida. La tragedia del
atentado terrorista más grande que se produjo en la Argentina.
En lo personal me retrotrae a
épocas pasadas y también duras: el 18 de julio de 1994 era Diputada Provincial
en Santa Cruz y Convencional Nacional Constituyente en Santa Fe por mi
provincia. Florencia, mi hija, recién había cumplido 4 años y Máximo estaba
finalizando la secundaria. Viajaba todas las semanas a Santa Fe, y aquel lunes
18 el horror modificó todas nuestras rutinas.
Tampoco puedo olvidar que dos
días después del atentado, me entero en Santa Fe que el 20 de julio, y con
motivo del atentado, se había creado la Secretaría de Seguridad y nombrado al frente de
la misma al Brigadier Andrés Antonietti.
Confieso que al enterarme de esa
designación, un frío me corrió por la espalda. Aún recordaba nítidamente a esa
persona. En 1980, durante el mes de noviembre, en Río Gallegos colocaron en
nuestro estudio jurídico un artefacto explosivo de relojería y, además,
rompieron todos los caños de gas de los calefactores dejando fluir el mismo, y
convirtiendo nuestro estudio en una gigantesca bomba, que de haber detonado
hubiera causado un verdadero desastre. Sólo un milagro permitió que eso no
sucediera.
El Sr. Antonietti, en esos
momentos, creo que era Vicecomodoro y Segundo Jefe de la Fuerza Aérea, que
gobernaba la Provincia
de Santa Cruz. Habíamos mantenido un breve intercambio telefónico que terminó
cuando le corté el teléfono. En ese momento nuestro estudio llevaba juicios
contra contratistas de obra pública de dicha fuerza y concesionarios de
servicios de la
Agrupación Aérea. Me veo todavía, después de tanto tiempo,
prestando declaración ante el Oficial Instructor de la Policía y recolectando
firmas de repudio para una solicitada por el atentado.
Y recuerdo también una memorable
entrevista con el entonces Jefe de Policía, un Teniente Coronel de apellido
Claro, ya que era el Ejército el que manejaba la seguridad y la inteligencia.
Con él mantuve una conversación tensa, por mis declaraciones, que involucraban
a un oficial de otra fuerza y nuestra decisión de publicar una solicitada. Sí,
aunque parezca mentira, no se aceptaba ni siquiera la publicación de solicitadas
denunciando atentados.
Lejos estaba de pensar en esa
oportunidad (año 1980) que la explosión en la AMIA me devolvería al Brigadier Antonietti, 14
años después, con el cargo de Secretario de Seguridad de los argentinos. Y más
aún lejos estaba de imaginar que en 1996 iba a formar parte, como Senadora
Nacional y luego como Diputada, de la Comisión Bicameral
de Seguimiento de los atentados de la Embajada y la AMIA.
Mi participación, que se extendió
hasta la finalización de la
Comisión en el 2001, estuvo signada siempre por honrar la
memoria, encontrar la verdad y que se haga justicia. Los primeros tiempos nos
fuimos interiorizando de los hechos, de las circunstancias, de la tragedia, el
testimonio de los familiares, de testigos, etc… Luego comenzaron a desfilar por
la comisión todo tipo de personajes, hipótesis, teorías, al mismo tiempo que
cada vez más crecían las contradicciones, las falencias, los
"errores". Más tarde, y en plena campaña política presidencial, el
plantar pruebas, la desaparición de otras. En fin, la confusión, la
tergiversación, el ocultamiento o la "aparición" de
"pruebas" como método permanente.
Cada vez más en lugar de aclarar,
todo se oscurecía. Se complicaba y crecía la sensación, al menos en mí, de
estar en un teatro de operaciones de la política nacional e internacional en el
que a pocos le importaban las víctimas y mucho menos la verdad. Tal cual lo
declaré más tarde como testigo en el juicio oral.
La tensión crecía y las
discusiones también, y mi percepción de estar frente a la "fabricación de
un juicio" fue creciendo hasta transformarse en convicción. Ocurre
entonces un hecho determinante, como fue la memorable reunión donde declaró el Dr.
Claudio Lifschitz, quien fuera Secretario del Juez Juan José Galeano y diera
cuenta de las graves irregularidades cometidas por el Juez y varios de sus
funcionarios.
En esa declaración, que duró
horas, fue como si de repente todas las piezas de un rompecabezas que no podía
armar se unieran para llegar a una sola conclusión: estábamos ante el fraude
material y procesal más importante del que se tenga memoria. Tan importante fue
esa declaración, que a raíz de la misma se inicia una segunda causa por
encubrimiento contra los funcionarios que se desempeñaban en la época del
atentado.
Podría contar numerosos hechos y
discusiones, pero todo se condensa en el tercer informe de la comisión, que
firmé en soledad y con disidencia total, afirmando que ya no tenía dudas, que nada
de lo hecho y actuado por el Juez Galeano pasaría por la prueba del juicio oral
y público. Ya se sabe, los papeles aguantan cualquier cosa. Las pruebas son
otra cosa.
Desgraciadamente no me equivoqué.
En el año 2004 el Tribunal Oral Federal Nº 3 demolió, literalmente, el
expediente de Galeano, y todo volvió a fojas cero en la causa principal.
Sin embargo, en el año 2000, se
inicia formalmente la causa de encubrimiento a raíz de las declaraciones
públicas del Dr. Lifschitz. La causa estuvo paralizada durante años y el Juez a
cargo Claudio Bonadío fue apartado, recayendo la misma en el juzgado del Dr.
Lijo. Hoy, después de casi ¡15 años! de iniciada la causa de encubrimiento y 12
excusaciones de magistrados, se presume que "posiblemente" (el
encomillado no es casual) se inicie el juicio oral y público este año. Los
imputados son:
Juan José Galeano (ex juez): por
los delitos de peculado por malversación de caudales públicos, coacción,
falsedad ideológica de documento público, privación abusiva de la libertad,
encubrimiento, violación de medios de prueba y prevaricato.
Hugo Alfredo Anzorreguy (ex
Secretario de Inteligencia): por los delitos de peculado, encubrimiento, abuso
de autoridad y falsedad ideológica de documento público.
Ramón Gabriel Müllen y José
Carlos Barbaccia (ex fiscales): por los delitos de privación abusiva de la
libertad agravada, peculado y coacción.
Carlos Alberto Telleldín
(reducidor de autos), Víctor Stinfale (abogado), Ana María Boragni (pareja de
Telleldín), Rubén Ezra Beraja (ex Presidente de la DAIA), Patricio Finnen (ex
agente de la SIDE):
Por el delito de peculado.
Carlos Saúl Menem: por los
delitos de encubrimiento, falsedad ideológica, violación de medios de prueba y
abuso de autoridad.
José Alberto "el fino"
Palacios (ex PFA): por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad y
violación de medios de prueba.
Juan Carlos Anchézar (ex
Subsecretario de Inteligencia): por los delitos de encubrimiento, abuso de
autoridad y falsedad ideológica.
Carlos Antonio Castañeda (ex PFA):
por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad, violación de medios de
prueba y falsedad ideológica.
Resta indagar a un grupo de
Secretarios de Galeano y al Dr. Carlos Corach quien fuera sobreseído por el
Juez Lijo, pero revocada dicha sentencia por la Cámara de alzada.
Curiosa y sugestivamente, cuando
está a punto de iniciarse el juicio oral y público por encubrimiento,
largamente demandado por la sociedad en general y los familiares en especial,
surge el intento de convertir al Gobierno que más ha hecho por el esclarecimiento
del atentado, no sólo en apertura de archivos, relevo del impedimento para
declarar por parte de agentes de inteligencia, asignación de recursos humanos y
económicos como nunca antes había contado la investigación, reclamos,
presentaciones y actuaciones en el orden internacional y ante la ONU sin precedentes, que
ningún otro Presidente había hecho. Repito, curiosa y sugestivamente se intenta
convertir, 21 años más tarde, en encubridores por tratar de que se le pueda
tomar declaración a los imputados iraníes mediante un Tratado Internacional
aprobado por ley del Congreso.
Me parece que es demasiado. No se
puede violar la ley con la aprobación del Congreso. No se puede violar la ley
cuando lo que se quiere es que declaren los imputados, sobre todo porque es la
única manera de que la causa salga del estancamiento y retroceso de casi 21
años. O acaso no se recuerda cuando en cumplimiento de las alertas rojas
logradas durante nuestro Gobierno contra los iraníes acusados fue detenido por
Interpol en Londres, el ex Embajador iraní ante Argentina Heidi Solimanpur, y
la justicia inglesa lo liberó por falta de pruebas debiendo pagar la Argentina USD 25.000
de indemnización.
Podría mencionar las recientes
declaraciones del ex Director General de la Interpol que intervino en toda la etapa de las
alertas rojas u órdenes de detención o del Departamento Legal que opinó sobre
el Memorándum, diciendo que era conveniente para el esclarecimiento del
atentado.
Pero creo que lo más importante
es advertir que se intenta hacer con el juicio de encubrimiento lo que se hizo
con el juicio principal 21 años atrás: desviar, mentir, tapar, confundir. Si en
aquel juicio "desaparecían" los cassettes que probarían que la SIDE estaba al tanto de que
se estaba preparando un atentado, ahora "aparecen" cassettes de
personajes públicamente simpatizantes de Irán a los que ni siquiera es
necesario intervenir un teléfono para saber lo que hacen o lo que piensan.
Basta con encender la radio y escucharlos, o mirar televisión y leer los
diarios.
Y aquí es donde comienzan los
interrogantes:
¿Quién fue el que ordenó volver
al país al Fiscal Nisman el día 12 de enero, dejando inclusive a su pequeña
hija sola en el aeropuerto de Barajas, interrumpiendo vacaciones familiares y
licencia en el trabajo que habían comenzado el 1º de enero y debían finalizar
más allá del 20?
¿Quién puede creer que alguien
que tenía tan grave denuncia institucional contra la Presidenta, su
Canciller, que profesa la fe judía, o contra el Secretario General de una
organización juvenil que cuando ocurrió el atentado estaba en 5º año del
secundario, se fue de vacaciones y de repente las interrumpe y en plena feria
judicial, sin avisarle al Juez de la causa, presenta una denuncia de 350 fojas
que evidentemente debía tener preparadas con anterioridad?
¿O será que alguien se las dio
cuando volvió? Que por una de esas raras casualidades es al día siguiente de la
marcha en Francia por los actos terroristas en París.
¿Es casualidad también que ese
mismo día 12, que el Fiscal regresa imprevistamente al país, el diario Clarín
titula: “Más de 4 millones, de pie contra el terror en Francia”.
¿Es casualidad que al día
siguiente, martes 13, y casi secuencialmente, el mismo diario titule en su
tapa: “Timerman recibió orden de no asistir a la gran marcha en París”?
Desmentida por la presencia del Canciller y nuestra Embajadora en la marcha.
¿Es casualidad que el miércoles
14 el Fiscal presenta ¿su? escrito de 350 páginas sin avisarle a Canicoba
Corral, Juez de la causa principal, y directamente las remita al Juez Lijo? Sí,
el mismo que sobreseyó a Corach por encubrimiento.
¿Es casualidad que la tercera
tapa secuencial de Clarín sea precisamente este hecho?
¿Cómo pueden decir que el Fiscal
volvió porque temía que la
Procuradora lo removiera de su cargo si el propio Nisman
admitió, nada más ni nada menos que en TN (el cable del monopolio y feroz
detractor de la
Procuración), que la Dra. Gils Carbó lo llamó para ofrecerle más
protección y si necesitaba más custodia?
Como decía al principio:
interrogantes que el Poder Judicial DEBE investigar, como también el hecho de
que sea un empleado de la fiscalía el que le suministra el día sábado el arma
calibre 22 que le provoca la muerte. ¿Para defensa? ¿Un arma calibre 22? Cuando
el fiscal vivía en la Torre
Le Parc de Puerto Madero, con sistemas de vigilancia
inteligentes, con códigos de ingreso, monitoreo de cámaras y custodia constante
de Prefectura, y contaba además con custodia propia de 10 agentes de la Policía Federal.
Hoy más que nunca, no se debe
permitir que una vez más se intente hacer con el juicio de encubrimiento lo que
ya se hizo con la causa principal. Porque se descubrirá a los autores del
atentado cuando se sepa quiénes los encubrieron. En Argentina todavía debemos
remarcar lo más obvio y simple.
Creo que los argentinos nos
merecemos no ser tan subestimados en nuestra inteligencia y mucho menos cuando
85 víctimas y sus familiares todavía esperan justicia después de 21 años.
Cristina Fernández de Kirchner
Presidenta de la Nación Argentina
